En el ecosistema corporativo colombiano, la seguridad jurídica es un activo esencial para la sostenibilidad empresarial. El 12 de febrero de 2026, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Consejo de Estado decretó la suspensión provisional de los efectos del Decreto 1469 de 2025, que fijaba el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) para 2026 en $1.750.905=, con un incremento del 23,7%.

Esta medida cautelar introduce un escenario de incertidumbre que exige un análisis riguroso desde los principios constitucionales, la jurisprudencia y la gestión de riesgos empresariales.

1. Fundamento Jurídico de la Suspensión

La decisión del Consejo de Estado no cuestiona la necesidad del incremento, sino la legalidad y motivación del acto administrativo. Según el tribunal, el Gobierno Nacional habría excedido sus facultades al no justificar de manera técnica y económica el aumento, omitiendo criterios constitucionales como:

• Productividad y crecimiento económico.
• Protección del empleo y sostenibilidad empresarial.
• Principio de legalidad de los actos administrativos.

La suspensión se fundamenta en jurisprudencia del Consejo de Estado, la cual ha señalado que la validez de un decreto depende de su sujeción estricta a la Constitución y la ley.

2. Impacto para el Sector Empresarial

La medida genera un efecto dual que las organizaciones deben gestionar con cautela:

• Salario mínimo: Mientras se expide un nuevo decreto transitorio (plazo de ocho días), el incremento del 23,7% se mantiene vigente para no afectar derechos ya causados. Sin embargo, la incertidumbre sobre el valor definitivo dificulta la planeación financiera de 2026.
• Auxilio de transporte: El decreto que regula este beneficio no ha sido suspendido, por lo que su pago debe continuar conforme a la norma vigente.
• Riesgos de sanciones: El incumplimiento de las normas laborales puede acarrear multas de hasta 5.000 SMMLV impuestas por el Ministerio del Trabajo (Ley 1610 de 2013, art. 7).

3. Principios Generales Aplicables

• Favorabilidad y pro operario: En caso de conflicto normativo, se aplica la norma más favorable al trabajador (art. 53 C.P.).
• Derechos adquiridos: Las remuneraciones ya pagadas bajo el decreto suspendido no pueden ser objeto de devolución, protegiendo el ingreso mínimo vital.
• Condición más beneficiosa: Los trabajadores mantienen los beneficios ya reconocidos, incluso si el decreto es modificado.

4. ¿Cómo debe proceder su Empresa?

Ante la volatilidad normativa, la improvisación no es una opción. Welfare Legal SAS recomienda:

• Auditoría de nómina y provisiones: Ajustar contablemente para reaccionar ante un posible cambio en el porcentaje de incremento.
• Protocolos de comunicación interna: Informar a los trabajadores con mensajes claros y neutros, evitando alarmas innecesarias.
• Revisión de contratos y acuerdos: Identificar si las cláusulas salariales están indexadas al SMMLV o a cifras fijas, para prever el impacto en horas extras, recargos nocturnos y prestaciones sociales.

Conclusión: La suspensión del decreto de salario mínimo refleja el control de legalidad ejercido por el Consejo de Estado y obliga a las empresas a actuar con prudencia y respaldo jurídico.

En Welfare Legal SAS, acompañamos a las organizaciones en la interpretación normativa, la mitigación de riesgos y la implementación de estrategias legales que garanticen estabilidad laboral y cumplimiento frente a la Rama Judicial y el Ministerio del Trabajo.

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